Prohibe la discriminación crediticia a base de sexo, raza, estado civil, religión, origen nacional, edad, o recepción de asistencia pública. Los acreedores pueden solicitar esta información (excepto religión) en ciertas situaciones, pero no pueden utilizarla para discriminar al decidir si otorgarle o no el crédito.
La ECOA protege a los consumidores que tratan con compañías que extienden créditos en forma regular, incluyendo bancos, pequeñas compañías financieras y de préstamo, tiendas minoristas y por departamentos, compañías de tarjetas de crédito, y cooperativas de crédito. Todos los que participan en la decisión de otorgar un crédito, incluyendo agentes de bienes raíces que arreglan la financiación, deben obedecer esta ley. Las empresas o negocios que solicitan el crédito también están protegidas por esta ley.